Resumen: El demandante permaneció afectado por un ERTE COVID 92 días en 2020, 359 días en 2021 y 90 días en 2022, habiendo percibido durante este periodo, la prestación extraordinaria por desempleo. El 12/7/2022 se extinguió su relación laboral en virtud de Expediente de Regulación de Empleo seguido por causas económicas, productivas y organizativas y solicitó prestación de desempleo que se reconoció con duración de 540 días al no computar el periodo en el que percibió prestación por ERTE Covid. La Sala considera que no es computable dicho periodo, pero lo considera periodo neutro estableciendo un paréntesis en el periodo de ocupación cotizada de los seis años anteriores que lleva hacia atrás tantos días como los que duró la prestación.
Resumen: Se desestima recurso contencioso-administrativo contra acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial desestimatorio de recurso de alzada contra el acuerdo del Promotor de la Acción Disciplinaria que decretó el archivo de la diligencia informativa instruida en virtud de denuncia contra el Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Alcalá de Henares. Cuestión jurisdiccional no revisable por el Consejo General del Poder Judicial.
Resumen: La cuestión a decidir consiste en determinar si las trabajadoras demandantes, auxiliares técnicos educativos en centros docentes de la Junta de Andalucía, han estado sometidas a cesión ilegal entre la referida administración y la empresa empleadora, contratista del servicio de apoyo y asistencia escolar a alumnos con necesidades educativas especiales en centros docentes públicos de la Provincia de Sevilla. Y el TS, en contra del parecer de la Sala de origen, descarta la existencia de una situación de prestamismo laboral. Razona al respecto que las demandantes prestaban servicios como auxiliares técnicos educativos realizando funciones exclusivamente relacionadas con el objeto de su prestación de servicios como monitoras de educación especial, en el marco de una contrata administrativa en la que, la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública andaluza de educación, había subcontratado la atención de los alumnos con necesidades especiales con diferentes empresas contratistas. La contratista ejerció como único y verdadero empresario de la trabajadora, resultando que ejercía sobre la trabajadora control de actividad, de horario, de asistencia, del contenido de la actividad, abono de salarios, potestad sancionadora, formación inicial y continuada y prevención de riesgos laborales. Así mismo contaba con coordinadores que visitaban los centros y registran visitas con sus incidencias, existiendo un correo corporativo para comunicarse con sus empleados.
